JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN EN LA JAULA DE GATOS.

Fecha: 20 de Marzo de 2019

Lugar: LA POSADA DE LA VILLA

          Cava Baja, 9

          M A D R I D

Asistentes: José Antonio Martín Pallín (invitado), Marta Robles, Susana Grisso, Carmen Posadas, María Blasco, Magali Yus, Tamara Muñoz Calero, Javier Ruiz de Asín, Javier Gómez Bermúdez, Julio Rodríguez, Jesús Díaz, Manuel García Hierro, Guillermo Llamas, Ricardo Peidró, Gerardo Viada, Jaime Porras, Luís Blázquez,  Leandro Crespo, Enrique Chico, Germán Gamazo, Jacinto Santos, Miguel Muñoz Calero y Luís Yáñez.

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Un jurista de la talla de José Antonio Martín Pallín, ha sido el broche que le faltaba a este Foro, para cerrar ese círculo al que llevamos años prestándole el máximo celo, y que en esta ocasión lo hemos hecho con una persona tan docta y erudita en el ejercicio del  Derecho, como nuestro invitado de hoy. Su impresionante currículo que le han reconocido como  Magistrado Emérito del Tribunal Supremo, así como Fiscal del mismo, habla por sí solos de su talla. Con toda seguridad no ha habido ningún escenario o foro alguno, por el que hayan desfilado en los últimos años tantos insignes y prestigiosos  juristas, como los que  por aquí han ido pasando, clara e inequívoca señal de que las cosas se están planteando bien, a la hora de elegir los personajes que nos han acompañado, y sobre los que con su sabiduría han de conducir aquellos temas que los contertulios vayan exponiendo a lo largo de la velada

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Nacido en La Coruña en 1936. Doctorado por las Universidades de Valladolid y Deusto. Ejerce durante varios años su profesión como fiscal de carrera, en distintos puntos de la geografía española. Entre las muchas responsabilidades para las que ha sido propuesto y designado por sus indiscutibles méritos, destaca en varias asociaciones relacionadas con el mundo de los derechos humanos. Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Portavoz de Jueces para la Democracia. Premio Jurista 1996 de la Universidad Complutense de Madrid y un sinfín de cargos y competencias que ha desempeñado con gran eficiencia  y brillantez.

Cuando él mismo analiza su trayectoria a lo largo de su vida, le resulta un tanto paradójico, que habiendo estudiado dentro de la más pura ortodoxia del nacionalcatolicismo de la época, incluso con los correspondientes ejercicios espirituales en Loyola, haya llegado al firme convencimiento que la libertad, los derechos, el respeto y la democracia, son los principios en los que debe sustentarse una sociedad moderna. 

Pasaron muchas cosas en su vida, desde que estudiaba en la Facultad de Derecho, donde la teoría subjetiva de  lo injusto estaba muy bien como base, hasta que empezó a trabajar como fiscal y comprobó que las personas a las que se juzgaba tenían cara, familia e hijos, y que lo que había estudiado en la Universidad estaba muy bien para conformar determinados criterios, pero que la vida real  también la formaban aquellas personas que se sentaban en el banquillo. Esta preocupación le condujo al mundo de los derechos humanos, que en más de una ocasión le llevó a meterse en líos, de los cuales felizmente salió indemne. Tuvo muchas oportunidades de viajar por el mundo con la Asociación Internacional de Juristas de Ginebra, lo cual le dio también una perspectiva y la posibilidad de conformar un criterio sólido y consistente, que es el que se ha  reforzado cada vez más con el paso de los años.

Eran muchos los temas que los contertulios querían plantear como materia a tratar este día, pero todos coincidían en que el más vigente y el de más actualidad era el relacionado con el “procés” catalán y todo lo concerniente a esta cuestión. Así, que prácticamente la mayor parte de las  horas que duró la tertulia giraron como monotema en torno a Cataluña. Nuestro invitado quiso dejar muy claro, que cuando estudiaba en la Facultad de Derecho, el delito de rebelión estaba perfectamente tipificado: “Un alzamiento tumultuario, violento y armado; criterio que ha estado vigente en España hasta la sentencia del golpe de Estado del 23-F, en el que se confirmó por parte del Tribunal Supremo, la misma que había puesto el Tribunal Militar que juzgó a los que habían participado en la intentona, los cuales si fueron considerados rebeldes. En España tenemos lamentables experiencias de insurrecciones a lo largo de su historia, de tal modo que cuando alguna de ellas ha triunfado, como en el caso de Franco en la Guerra Civil Española, los golpistas se otorgan la facultad de ocupar el Gobierno y hacer un Código Penal a su medida. 

Considera Martín Pallín, que en el momento actual  que vivimos, hay que ser muy cauto y muy estricto con el Código Penal, el cual debe limitarse a defender los bienes jurídicos que hay que proteger, y entre ellos está la Constitución que es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, en la que se contempla el delito de rebelión, al igual que se ha especificado, en  las 7 Constituciones españolas que hemos tenido desde la de Cádiz de 1812. Posteriormente a la sentencia del 23-F, hay otra que nadie cita y que está más relacionada con la Audiencia Nacional y con el Artículo 384 bis, en el que el Gobierno de la nación decide equiparar a los rebeldes, con los terroristas, utilizando la terminología que no es en sí inocua, puesto que el lenguaje es muy significativo, en el sentido de porque en un momento determinado, todas las leyes que abordan estos aspectos, hablan de elementos terroristas o rebeldes y los equiparan constantemente en varios artículos. Esto para cualquier intérprete gramatical, quiere decir que el que lo ha escrito establece que es lo mismo un rebelde que un terrorista, algo que a su criterio jamás lo diría nunca, ya que no cree que haya ningún terrorista que se dedique a convocar referendos. Esta misma cuestión afectaba de alguna forma a los parlamentarios vascos, por lo que el gobierno de Euskadi recurrió la modificación de la ley y planteó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el cual matizó que la rebelión ha de caracterizarse, “por el uso de armas e incluso explosivos”  y al mismo tiempo declara que es constitucional la privación de los cargos a los acusados de terrorismo; y esto es lo que teníamos hasta que se inicia el juicio de 1-O del proceso independentista catalán. A partir de aquí se empieza a sostener una tesis, que en su opinión le parece insostenible. La rebelión es un delito instantáneo, o se consuma o no se consuma, el 23-F es un ejemplo claro. No puede haber una rebelión anunciada y en diferido, algo que prácticamente la totalidad de los países europeos, no ven que haya habido ningún tipo de rebelión,

 el problema está en estos momentos, en que hay que demostrar que si la ha habido. El gobierno de la Generalitat es el responsable de todo este proceso, que comienza con una Ley de Referéndum, le sigue una convocatoria de dicho referéndum, el cual se enlaza con una Ley de Transitoriedad ante la República y a continuación se celebra una sesión parlamentaria donde 72 diputados votan a favor y se termina con una “declaración de independencia”.  Es cierto que todo este proceso se puede calificar de delito, pero con otro nombre, nunca con el de rebelión. Si alguien discute que haya habido o no violencia, está perdiendo el tiempo, está claro que “hubo violencia”, la misma que hubo en el asalto al Congreso de los Diputados el 23-F, aunque de menor intensidad, pero violencia al fin y al cabo, si la hubo. Lo preocupante de todo esto es que el Estado de Derecho había funcionado perfectamente; se había anulado la Ley de Referéndum, la Ley de Transitoriedad y la declaración de la votación de referéndum para la independencia, luego la solución ya se había conseguido, “no había independencia”. ¿Que hubo desordenes públicos y alteración de la convivencia ciudadana?, está demostrado que sí, pero por muchos esfuerzos que se hagan, el delito de rebelión no le encaja, tal como lo define la jurisprudencia española.

Lo de la conspiración le parece un poco forzado. Considera que el párrafo que se utiliza en el uso de las armas, la sentencia del Tribunal Constitucional lo dice muy claro en el Código Penal de 1987 para que exista  un delito de rebelión necesariamente hay que, “portar armas”,  una interpretación que en su opinión le parece muy acertada. Concretamente, la descripción de los acontecimientos del 23-F, son muy claros: “Un número de personas entran en el Congreso de los Diputados portando armas, solo hay una que las esgrime a la entrada del hemiciclo, el Teniente Coronel Tejero, y hay otros que las usan disparando al techo del hemiciclo”, por eso que la comparación con los sucesos de Cataluña que hoy se está juzgando, no tiene equiparación alguna.

En el juicio a los líderes del proceso independentista catalán, se le juzgan por los delitos siguientes: “Rebelión, sedición, malversación y desobediencia”. De la rebelión y sedición  anteriormente ya ha dado sus opiniones. Referente a la malversación considera que existen dos clases, la propia y la impropia. La propia es la del funcionario público que “mete la mano en la caja” y se escapa con el botín a un país donde no hay extradición con el nuestro. 

A este personaje se le define como “funcionario infiel”. La impropia, es el tipo de actuación  que se ha llevado a cabo con bastante frecuencia, sobre todo en el período democrático de los últimos cuarenta años, en algunos Ayuntamientos, donde un concejal del partido de la oposición, demanda al concejal gobernante, de haber utilizado una partida presupuestaria  en otra cuestión distinta, que no estaba prevista ni aprobada. Esta infracción, no se puede utilizar hoy en el Derecho, si queremos guardar las formas. Este tipo de malversación se intentó que fuese juzgada como un delito contra el Patrimonio del Estado, y como administración desleal, lo cual no se sostuvo puesto que para ello se necesitaba demostrar que ha habido ánimo de lucro, y sin esta prueba, no existe el delito. Si en este juicio al “procés”,  se demuestra que una o varias partidas presupuestarias fueron empleadas en acciones previamente prohibidas por los tribunales de justicia, entonces el peso de la ley caerá sobre aquellos que han llevado a cabo o autorizado estas acciones. En cuanto a la desobediencia, el Tribunal Constitucional español, es el único tribunal del mundo que tiene la facultad de juzgar este tipo de delitos, por una ley que fue aprobada con la oposición de prestigiosos juristas españoles, que votaron en contra de que un tribunal como el Constitucional, “que no es un órgano oficial”, pueda sentar jurisprudencia en casos como el que nos ocupa.

En estos momentos estamos viendo en Francia lo de los “chalecos amarillos”, que tiene mucha más importancia de lo que nosotros pensamos; con una violencia tal, que está poniendo en peligro el sistema político francés. La violencia es muy superior incluso  la de Mayo del 68, por el hecho de que hoy hay muchos más medios técnicos para causar destrozos y estragos que entonces. Tanto la situación francesa como la nuestra tienen un doble encaje, por razones de incompetencia, y ya está bien de que los tribunales y los órganos judiciales seamos juntamente con el 112, el Samur, la Unidad de Intervención Inmediata y los Bomberos los que tengamos que afrontar las consecuencias y nos echen encima todo este lío y recurran siempre al Código Penal, que lo aguanta todo, cuando hay unos señores políticos que tienen esta responsabilidad y son los que tienen que arreglarlo.

Bajo su punto de vista el tema de Cataluña es muy parecido al de Quebec, (Canadá), en el cual también intervino el Tribunal Supremo de Canadá,  que anuló el referéndum, advirtiéndoles que a partir de ese momento cabía la posibilidad de llevar a cabo un referéndum sobre la posibilidad de que la provincia  de  Quebec fuese un Estado independiente, siempre y cuando se pusieran de acuerdo las tres comunidades; (la anglófona, la francófona y la autóctona) y si la participación era notablemente superior al 50%, entonces si se podría llevar a cabo el plebiscito. Desde entonces no se les ha vuelto a pasar por la cabeza la idea de convocar otro referéndum.

Efectivamente se está mezclando la política con el Derecho Penal, y esto es más que evidente, lo cual le trae a la memoria una frase del juez y dramaturgo italiano,  Ugo Betti, que dijo: “Cuando la política entra en el palacio de justicia, la justicia salta despavorida por la ventana”, y esto es lo que está pasando en estos momentos en Cataluña. Si el Sr. Puigdemont o el que fuere, con responsabilidades en el gobierno de la Generalitat, se le hubiese ocurrido poner en marcha una Hacienda Pública Catalana, eso sería un delito de usurpación de funciones, por lo que inmediatamente habría que proceder a detenerlo;  pero hay que dejar que las cosas pasen, no podemos anticiparnos a lo que ya había producido sus efectos. Los independentistas siempre han sido y serán irreductibles. Cuando se aprobó el Estatut de Cataluña en el año 2006, se contabilizaron el 17% de independentistas catalanes, con los últimos acontecimientos estamos llegando al 40/42% y como estos señores que se están juzgando en estos momentos vayan a la cárcel en un plazo no más de 10 años, podemos superar un 50% de independentistas.

El problema de Cataluña no es de ahora, hay que remontarse al pasado; y sin entrar en el análisis del derrumbe de la monarquía visigoda o la invasión musulmana o la victoria carolingia creando la Marca Hispánica o el siglo y medio que vivieron una cierta independencia política, hasta la unión dinástica entre el Conde Ramón Berenguer IV y Doña Petronila de Aragón o la Guerra de Sucesión (1701-1713), entre austracistas y borbónicos, en los que ocurren hechos de notable interés, nos vamos  referir solamente  a los últimos 200 años.  La primera mitad del siglo XIX fue uno de los momentos más críticos. Curiosamente los distintos gobiernos de España siempre gestionaron a favor de Cataluña, por ejemplo la Ley de 1882 de “Relaciones Comerciales con las Antillas”, que protegía la industria textil catalana, gravando a todos los productos extranjeros de este sector, por lo que tanto España como sus colonias se veían en la necesidad de comprar textiles catalanes. 

A finales de la década de 1890, con el gobierno de Cánovas del Castillo, se prohibió la importación extranjera, convirtiendo a la industria textil catalana en una especie de monopolio, cuestión que afectó notablemente en la economía de otras regiones españolas. Con el “Pacto de San Sebastián”  que fue una reunión promovida por partidos republicanos, que tuvo lugar en San Sebastián el 17 de Agosto de 1930, en el que entre otras cosas se acordó poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española, incluyendo además en los acuerdos una solución concretada en un proyecto de Estatut o Constitución Autónoma Catalana propuesta por el pueblo de Cataluña y ratificarlo en un referéndum, que luego se sometería a la aprobación en las Cortes Constituyentes, para una posible independencia. También durante el franquismo con el “Plan de Estabilización de 1959”, se favoreció también a Cataluña con múltiples cesiones y dando todo tipo de facilidades para la instalación de empresas extranjeras y monopolios nacionales, lo cual provocó un trasvase humano del resto de las provincias españolas que buscaban trabajo en aquella región. O sea que esas teorías de que “España nos roba, nos expolia y nos persigue de una forma despiadada desde el centralismo de Madrid”, carecen de fundamento alguno, más bien todo lo contrario, puesto que como demuestran los hechos, siempre ha habido una clara predisposición por parte de los distintos gobiernos españoles, de favorecer los intereses catalanes.

La prisión preventiva de los 12 imputados, 9 encarcelados y 3 libres bajo fianza, en el juicio del “procés”  de Cataluña, en estos momentos es una situación bastante difícil, por una cuestión de empecinamiento, en el sentido de que ya que hemos llegado hasta aquí, no vamos a dar marcha atrás. Curiosamente la acaban de dar con Sandro Rosell, el que fuera presidente del FC Barcelona, que en pleno juicio lo han puesto en libertad sin fianza después de 22 meses en prisión preventiva, y no ha pasado absolutamente nada. En su opinión la prisión preventiva de los 9 imputados del “procés”, va tener el problema del derecho de defensa al que por ley lo  tienen, puesto que de alguna forma se les ha privado del contacto diario con sus abogados. Además está convencido que los imputados que se están juzgando no se habrían fugado nunca, por mucho que se diga que Puigdemont si lo hizo. 

También es cierto  se ha refugiado en la zona Schengen que es  un espacio jurídico aceptado por el Estado español. No podemos olvidar que el Sr. Puigdemont estuvo detenido en Alemania en la prisión de Neumünster y a disposición de España si lo hubieran reclamado por los delitos de desobediencia o malversación. El problema radicó  en que la euroorden de reclamación, estuvo mal hecha, pero cuando un Estado como el español firma un tratado internacional y no le convencen los resultados de un determinado fallo, lo que tiene que hacer es denunciar el tratado o hacer las pertinentes reservas; ahora bien si la euroorden ha sido denegada por un mal planteamiento, habrá que atenerse al Derecho Internacional que tiene unas reglas que hay que respetar.

Nuestro invitado fue contundente y rotundo en su manifestación cuando se le preguntó, si como jurista le hubiese correspondido haber hecho la instrucción del “procés”,  y a la vista de los precedentes,  hubiera o no dictado la prisión provisional, con el consiguiente riesgo de fuga que había; su contestación fue de lo mas taxativa; él no hubiera impuesto la prisión preventiva; porque es una prisión en diferido, puesto que  el primer delito de rebelión, según dice la fiscalía, se comete en varias ocasiones, una de ellas la votación del Parlament del día 26 de Septiembre, y curiosamente el gobierno español tarda cuatro día en reaccionar para poner la correspondiente querella. Entiende que ante un delito de rebelión,  y viendo que la fiscalía tarda cuatro días, resulta un poco raro y nos lleva a  suponer que la situación no debía tan grave. Todo esto es algo que jurídicamente es difícil sostener.

La Ley Electoral distingue perfectamente lo que es el “período electoral”, “campaña electoral” y el “día de la votación”. El período electoral comenzó en el momento que el presidente Pedro Sánchez disolvió las Cortes. La campaña electoral, comienza el día 13 de Abril. 

El día de la votación es el 28 de Abril. Durante el periodo electoral hasta la campaña electoral, la Junta Electoral no puede intervenir, salvo como en este caso, se lo hayan pedido Ciudadanos y el Partido Popular, alegando que los lazos amarillos  no pueden estar en edificios públicos, precisamente porque los poderes públicos tienen que mantener una rigurosa neutralidad política. Sin embargo los lazos amarillos pueden ser legítimamente utilizados por las formaciones políticas en su propaganda electoral. El gobierno catalán, cumpliendo la orden de la Junta Electoral Central, retiró los lazos de los edificios públicos, que  dependían de la Generalitat y de la alcaldía de Barcelona, cumpliendo la orden de la Junta Electoral Central, alegando que aunque no les gustaba hacerlo acataban la orden.  En alguna Consellería se sustituyeron los lazos por figuras de animales y frutas en color amarillo, en otras como la Consellería de Territorio y Sostenibilidad y la Consellería de Economía, hasta la fecha, se mantuvieron los lazos amarillos y en el Palau de la Generalitat se cambió la pancarta con el lazo amarillo por otra con el lema: “Libertad presos políticos y exilados”, escritas en catalán e inglés y un lazo blanco con franja roja. El día de la votación al igual que la víspera de ese día, no se pueden hacer manifestaciones de ningún tipo. Se considera como un día de reflexión, hasta el momento en que se cierren los colegios electorales.

En otro orden de cosas se puso sobre la mesa el caso, por el que el Tribunal Supremo condenó al juez Baltasar Garzón, el 9 de Febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación para ejercer como juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta. El pleno del Consejo General del Poder Judicial convocado el 23 de Febrero de 2012, ratificó con el apoyo de 20 de los 21 miembros, la expulsión de la carrera judicial del juez Baltasar Garzón.  Considera que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, debiera haber indultado al juez Garzón, que es el único que tiene la potestad de hacerlo, incluso para que volviera a llevar el Caso Gürtel, algo que a todas luces es imposible tal y como está la situación en estos momentos. Lo de indultar es algo que no sería nada novedoso, puesto que desde que disfrutamos de democracia en los últimos 40 años, ha habido 17.509 indultos. (410 con Adolfo Suárez, 878 con Calvo Sotelo, 5.944 con Felipe González, 5.948 con José María Aznar, 3.378 con José Luis Rodríguez Zapatero y 501 con Mariano Rajoy). Un indulto más para el juez Garzón, según su opinión, sería justo.

En su opinión considera que al Tribunal Supremo le sobran razones para no adoptar medidas cautelares que retrasen la exhumación de los restos de Francisco Franco, del Valle de los Caídos.  Si él tuviera que decidir a este respecto, no adoptaría medida cautelar alguna, exhumaría los restos y que su familia los llevé donde considere más oportuno. Aunque respeta los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo, para no suspender de forma cautelar el proceso de exhumación de los restos de Franco, puesto que dicho proceso todavía está en marcha y la exhumación todavía no ha sido acordada. Es un procedimiento no concluso. En definitiva Franco no abandonará el Valle de los Caídos hasta que el Tribunal Supremo lo diga.

En el supuesto de que lo que ha sucedido en todo el proceso independentista de Cataluña, se hubiese dado el mismo caso en  Galicia, según su opinión, estima que es algo que desborda cualquier análisis jurídico, ya que Galicia es una tierra muy particular, en lo referente al independentismo. En 1932 se constituyó una comisión redactora del Estatuto de Galicia dirigida por Salvador Cabeza de León, ex alcalde de Santiago de Compostela y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad compostelana y de la que formó parte el abuelo de Mariano Rajoy, Enrique Rajoy Leloup, concejal compostelano y Decano del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela. El anteproyecto del Estatuto fue aprobado y el referéndum se celebró el 28 de Junio de 1936, cuyo resultado fue calificado como “santo pucherazo”, incluso por los propios partidarios del Estatuto. El 15 de Julio de 1936 fue entregado a las Cortes Españolas el texto del Estatuto aprobado en referéndum, pero no llegó a entrar en vigor debido al estallido de la Guerra Civil. Los gallegos tienen más flexibilidad y menos dogmatismos en lo que al nacionalismo se refiere. El gallego en si es bastante melancólico, quejoso y bastante creativo, pero nunca tuvo  afán alguno de creerse superior a nadie. Son emigrantes desde hace siglos, algo que forma parte de su propio gen, y aunque añoran su tierra, (morriña), no tienen inconveniente alguno en rehacer su vida en cualquier otro país por muy lejano que esté, aunque siempre pensando en volver algún día. Pero lo que se refiere al  carácter independentista, el gallego por regla general no lo ha tenido nunca muy acentuado.

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Fueron muchas las reflexiones que nos hizo, están son algunas de ellas:

“La finalidad de una rebelión, es para conseguir unos fines determinados, como cambiar el sistema de gobierno o sustraer parte del territorio de la nación”.

“La sedición contra la autoridad, es impedir pública y tumultuariamente, el cumplimiento de una resolución judicial y la aplicación de las leyes”.

“En su opinión, cree que el Código Penal, no está para este tipo de cosas, como el asunto de Cataluña”.

“La conspiración pertenece al mundo de las ideas, y si del pensamiento pasas a la acción, entonces la lectura es otra muy distinta”.

“La querella del “procés” tiene 106 páginas, algo que a lo largo de su carrera, jamás había visto algo parecido”.

“Está claro que esta situación de Cataluña, ha sido motivada por un error y una incapacidad de nuestros políticos”.

“En el ejercicio de la justicia, todos los profesionales, nos hemos tenido que tragar cantidad de sospechas bastante fundadas, por no tener elementos probatorios”.

“La prisión preventiva de los imputados en el “procés” de Cataluña, puede traernos muchos problemas en Estrasburgo”.

“La Comunidad Europea, que tiene unos cuantos años de democracia, no ve claro que  un Parlamento  pueda delinquir”.

“Se hizo la siguiente pregunta, que quedó en el aire: ¿Los lazos amarillos son un símbolo independentista o una protesta por la prisión preventiva de los políticos catalanes”.

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Hoy hemos asistido a una auténtica clase magistral de análisis jurídico, donde el  contraste de opinión en los distintos temas que se tocaron, tanto por parte de nuestro invitado como por los expertos juristas que nos acompañaron en esta tertulia, nos permite a los profanos, tener unas ideas más claras o por lo menos más fundamentadas sobre cuestiones tan delicadas y de tanta enjundia, donde los criterios no son precisamente unánimes, pero si coincidentes en la objetividad analítica de cada uno de ellos, bajo su punto de vista jurídico.

José Antonio Martín Pallín, nuestro invitado de hoy, encaja perfectamente  en el arquetipo y perfil del jurista íntegro, recto e intachable, que cuando ha tenido que manifestar su opinión, lo ha hecho sin cortapisas de ningún tipo, incluso en situaciones delicadas, en que sus manifestaciones pudieran levantar serias discrepancias.

Jubilado desde el año 2006, pero no por eso inactivo, sigue en las trincheras de la defensa de lo que él siempre ha creído  justo. Una postura que solo aquellos que tienen un firme convencimiento de la realidad y de la justicia, pueden manifestarlo sin cortapisas de ningún tipo. Eso se llama integridad, en el idioma que sea.

Muchas gracias por tu generosidad. Este Foro siempre estará  abierto para ti. Te esperamos.

Por: Luís Yáñez.